El caso Leon Trotsky

A 70 años de su asesinato
El caso Leon Trotsky

El caso León Trotsky, por primera vez en castellano

Entre 1936 y 1938 se realizaron en la URSS los Procesos de Moscú, una serie de juicios que pusieron en el banquillo a la dirección del Partido Bolchevique durante la Revolución Rusa de 1917 y a los principales generales del Ejército Rojo y de la Guerra Civil. Todos fueron acusados por la burocracia gobernante de los crímenes contrarrevolucionarios más graves y sólo en base a confesiones, sin pruebas materiales, fueron fusilados. El supuesto instigador y principal acusado, León Trotsky, era el único de estos dirigentes que se encontraba forzadamente en el exilio.

El trasfondo de los Procesos de Moscú fue la depuración masiva del partido comunista dirigido por Stalin. En un período harto convulsivo y en pos de evitar todos los peligros a los que temía la burocracia soviética, dispuso eliminar de sus filas todo vestigio revolucionario. Entre 1937-1938, los años de terror masivo, la burocracia encarceló a más de un millón y medio de personas de las que 682.000 fueron fusiladas. Mientras, a nivel internacional la depuración de los partidos comunistas y la persecución y asesinato selectivo de dirigentes que se ubicaban políticamente a la izquierda del Kremlin, principalmente pertenecientes a la IV Internacional, incluyó el asesinato del propio León Trotsky, en agosto de 1940.

Los partidos comunistas y miles de “Amigos de Moscú” en todo el mundo, con un mero “repudio silencioso” de las socialdemocracias, sus aliados en los frentes populares, avalaron ésta política. La IV Internacional fue la única corriente que realizó una campaña política activa para denunciar los Procesos de Moscú e impulsó la conformación de una comisión de investigación que integró intelectuales y personalidades notables como el renombrado filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey, quien la presidió o John Finerty, abogado destacado por su participación en juicios políticos como los de Sacco y Vanzetti.

Este libro, editado por primera vez en castellano, recoge la documentación, el testimonio y la defensa que Trotsky presentó ante una subcomisión que sesionó en México en abril de 1937. Ayudado por su hijo León Sedov, también acusado junto a su padre, Trotsky pudo demostrar, incluso legalmente, cada una de las falsas acusaciones que el estalinismo utilizó para justificar los Procesos de Moscú. Pero además, planteó como evidencia el verdadero enfrentamiento: el que existía entre el período de democracia soviética y el del régimen impuesto por la burocracia, entre la tradiciones del Partido Bolchevique y las del partido estalinista; las diferencias con Lenin previas a la revolución y los grandes debates del Partido Bolchevique, su historia y preparación; así como su continuidad en el combate de la Oposición de Izquierda y la IV Internacional.

Como escribe su nieto, Esteban Volkov en la presentación del libro, “De las muchas batallas libradas por León Trotsky contra el estalinismo, sin lugar a dudas la ‘Comisión Dewey’ o los ‘Contraprocesos de Moscú’ fue de las más notables y trascendentes. Allí se desenmascaró y demostró en forma contundente e inapelable, ante la historia presente y futura del género humano, la absoluta ilegitimidad del régimen burocrático dirigido por Stalin, que sólo se podía mantener en base al crimen y al fraude histórico”.

Hoy, a más de veinte años de la caída del Muro de Berlín, esta lucha contra el estalinismo tiene su referencia histórica indiscutida en el legado revolucionario de la IV Internacional. Un legado que adquiere mayor vigencia en momentos en que la crisis capitalista prepara nuevos acontecimientos de la lucha de clases. Su actualidad también está dada en muchos de los grandes debates, mitos y paradigmas que cruzaron la época y en todas aquellas cuestiones dedicadas a la revolución y las ideas del socialismo.

A 70 años de su asesinato, difundir esta herencia revolucionaria nos parece el mejor homenaje que podemos hacer a Trotsky y la IV Internacional y a quienes dieron la vida por estas ideas.

Ante el amotinamiento policial de Ecuador

Declaración política de la FT-CI Sábado 2 de octubre de 2010 Nos pronunciamos categóricamente contra la reaccionaria sublevación policial ocurrida en Ecuador el día de ayer, así como contra el “Estado de excepción” y la entrega del control del territorio nacional a las Fuerzas Armadas, dictada por el presidente Correa con el argumento de combatir lo que calificó como un intento golpista, pues esa medida sólo podría ir contra las necesidades de la movilización obrera y popular – única que podría enfrentar consecuentemente cualquier intentona reaccionaria-, y convertir al ejército en árbitro de una convulsionada situación política. El movimiento fue detonado por el rechazo a la nueva legislación sobre el servicio público que recorta algunas prebendas de los uniformados (como los ingresos por bonos y condecoraciones) y se extendió nacionalmente a las guarniciones policiales de la capital y las principales ciudades. Si bien también había descontento en la oficialidad de las Fuerzas Armadas y altos jefes pidieron que esas medidas se dejaran sin efecto, sólo un pequeño sector de la fuerza Aérea en Quito y Latacunga parece haberse plegado. El motín, de contenido claramente reaccionario, provocó una conmoción que sacudió al país, provocando la paralización de vuelos aéreos y cierre de bancos. Cuando el presidente Correa se dirigió a los policías para exigir que depusieran las medidas, fue abucheado, agredido y finalmente quedó cercado junto a su escolta en dependencias del hospital policial de Quito durante toda la jornada, generándose una aguda crisis política con repercusiones internacionales. Finalmente, en horas de la noche, y luego de algunos enfrentamientos con varios muertos y numerosos heridos, el movimiento fue perdiendo fuerza y desarticulándose, mientras fuerzas que respondían al gobierno lo liberaban del cerco y Correa se trasladaba al palacio de Carondelet, desde donde habló en público condenando el movimiento y sus reclamos. Ya antes, el presidente había decretado el estado de excepción por una semana, haciendo cargo a las Fuerzas Armadas de la seguridad interior. Algunos sectores de la oposición derechista, como el expresidente y Tte. Cnel.(r) Lucio Gutiérrez que parece tener influencia entre algunos uniformados, aprovecharon la situación para lanzar una ofensiva reclamando elecciones anticipadas. Sin embargo, parte importante de la oposición así como los sectores fundamentales de la clase dominante, no apoyaron o condenaron abiertamente el movimiento. Jaime Nebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil y líder de un desprendimiento del derechista Partido Social Cristiano declaraba que “sigamos altivos, rebeldes, libres -y opositores también- pero jamás golpistas ni tolerantes con la delincuencia” y otros voceros de los medios empresariales y de prensa se pronunciaban en una línea similar. Rápidamente los gobiernos latinoamericanos, la OEA, la UNASUR, el gobierno español y la Unión Europea, y el propio gobierno de Estados Unidos, salieron a condenar los acontecimientos agitando el fantasma del golpe de estado y respaldando de manera prácticamente unánime a Correa. Es decir, a pesar de que Correa, los gobiernos latinoamericanos (desde Santos y Alan García a Chávez y Cristina), la mayor parte de la prensa y sectores de la izquierda reformista presentaron los hechos como un golpe de estado en marcha, no parece haberse tratado de una conspiración planificada y orquestada con acuerdo de las principales instituciones y el conjunto de los “factores de poder” burgueses y el imperialismo para imponer una salida “a la hondureña”, como fue el golpe que derrocó a Zelaya, sino más bien de una asonada policial detonada por reclamos corporativos en lo que se mezcla además, que en los últimos años la policía ecuatoriana, que es una institución profundamente reaccionaria y antipopular a la que Correa recurrió ampliamente para reprimir manifestaciones docentes, estudiantiles y de otros sectores de trabajadores y el pueblo, se ha venido fortaleciendo, atando lazos incluso con agencias imperialistas (por temas como el narcotráfico) y parece ahora haber pretendido hacer pesar ese poder. Claro que por tratarse de una institución de las fuerzas de seguridad, su movimiento abrió una situación de gran crisis de lo que trataron de sacar provecho algunos sectores opositores con una línea “destituyente”. Lejos de estar en un momento de especial confrontación con el imperialismo y sus agentes más fieles en la región - como el gobierno colombiano y peruano-, el gobierno de Correa, a pesar de su discurso de “revolución ciudadana” y sus promesas de cambio al estilo populista, viene en un giro a la derecha, tanto en el plano externo, en el que viene intentando separarse de Chávez y tener una política conciliadora hacia Colombia (reconciliándose con el gobierno de Santos y colaborando con la custodia de sus fronteras en el cerco a las FARC), como en el plano interno, como se ve en el plan de ajuste que viene aplicando contra los trabajadores públicos, con las concesiones a las transnacionales mineras y petroleras, etc. Desde hace tiempo viene enfrentado con los maestros, agrupados en la Unión Nacional de Educadores con los estudiantes de la FEUE por la Ley de Educación Superior y con la central sindical, FUT. Así, sectores sindicales, campesinos e indígenas que lo habían apoyado, han ido tomando distancia o pasado a la oposición parcial o frontal a muchas de sus medidas. Como parte de este curso, Rafael Correa ha venido endureciendo los rasgos bonapartizantes de su gobierno, lo que genera permanentes tensiones políticas y aún roces, con sus partidarios, así, la Ley de servicio Público fue consensuada en el Parlamento con sectores opositores pero terminó vetada por Correa a disgusto de legisladores de su propio Movimiento País. Ahora, y como parte de una contraofensiva política, el gobierno está utilizando la amenaza de un golpe de Estado orquestado por la derecha para relegitimarse, justificar sus medidas y recuperar base social, en una situación en que viene habiendo enfrentamientos con sectores amplios de asalariados y estudiantes y desgaste de las expectativas populares en sus promesas. Sin embargo, indudablemente se ha abierto una crisis política de gran magnitud que afecta al régimen y a instituciones centrales del Estado como es la propia Policía, y aún no están claras las derivaciones y consecuencias. En este marco, es necesario denunciar tanto la reaccionaria sublevación policial como el rol asignado a las FF.AA y el establecimiento del estado de excepción (que prevé el control militar de la seguridad pública, la suspensión de garantías civiles y permite cateos y llamamientos sin orden judicial), por cuanto van contra la necesidad del movimiento de masas de contar con las más amplias libertades de organización, discusión y movilización para enfrentar cualquier acometida reaccionaria, venga de donde venga, y al servicio de buscar una salida de “gobernabilidad” y estabilización, y pone a los militares –que se han desplegado en las calles de Quito, Guayaquil y otras ciudades-, en la situación de árbitros de la política nacional. Distintas posibilidades políticas están abiertas. Es posible que Correa emerja de la crisis más debilitado, haciendo mayores concesiones a las Fuerzas Armadas y a la derecha. Pero tampoco puede descartarse que se haga más profunda la crisis política, o que termine imponiéndose una salida más bonapartista con el Ejército o se llegue al adelantamiento de elecciones. Una parte de la izquierda ecuatoriana que apoya a Correa salió a denunciar el golpe, llamando a apoyar al presidente y su “revolución ciudadana”. Otros sectores, apoyaron el motín policial como si fuera una “lucha de trabajadores asalariados” en lugar de un movimiento de agentes de la represión de claro carácter político reaccionario. En ambos casos, se negaron a levantar una política independiente, de clase, para orientar al movimiento obrero, campesino, indígena y popular. Por su parte, los gobiernos del ALBA (del que es parte Ecuador), con el de Chávez a la cabeza, de Argentina y toda Latinoamérica, bajo la condena del supuesto golpe llamaron a apoyar a Correa y al régimen de la democracia ecuatoriana, pero en la reunión de UNASUR en Buenos Aires ni siquiera –salvo el representante de Paraguay- mencionaron el antecedente de Honduras, mostrando una vez más su impotencia y capitulaciones cuando realmente se dan acciones reaccionarias respaldadas por el imperialismo. Las bases de una política obrera independiente parten de repudiar la reaccionaria sublevación policial, denunciar el estado de emergencia que le da poder a las fuerzas armadas, denunciar cualquier injerencia de OEA (que terminaron avalando y aceptando como un “hecho consumado” el golpe en honduras) y demás organismos internacionales y llamar a la movilización y autoorganización obrera y popular independiente para enfrentar cualquier intento bonapartista (es decir represivo y autoritario). Lejos de confiar en Correa y apoyar sus medidas, se trata de rechazar todo ataque al salario y a las condiciones laborales de los trabajadores, y toda restricción a las libertades democrática y el derecho de huelga, y unir a las demandas obreras las de los oprimidos y explotados del campo y la ciudad, contra la depredación minera y petrolera, por la tierra y el territorio y contra la injerencia imperialista, en una perspectiva independiente. 01/10/2010 Fracción Trotskista - Cuarta Internacional

EL PROGRESISMO OFICIALISTA Y OPOSITOR FRENTE A LA DEUDA

Gestos amistosos al capital financiero
Esteban Mercatante y Pablo Anino
El gobierno reivindica el pago de deuda con reservas porque libera partidas del presupuesto. Gracias a esto y a la mayor recaudación por la recuperación económica y el “impuesto inflacionario” (al subir los precios sube la base de la recaudación), este año no está descartado cierto superávit.
El uso de reservas se presenta como parte de la estrategia de “desendeudamiento”. Periodistas oficialistas afirman que “responde a reclamos tradicionales contra el pago de la deuda con ajuste fiscal y contra un mayor endeudamiento” (Zaiat, Página/12, 13/03/10).
Resultado primario y resultado financiero
Los resultados “virtuosos” que habrían permitido que pagar la deuda “no tuviera efectos contractivos y recesivos” (Zaiat, op. cit.) se deben a la ficción de mirar el resultado fiscal “primario”. Es decir, el resultado antes del pago de intereses de deuda. Esto puede ser engañoso. Por ejemplo, en 2009 un superávit de $17.272 millones (equivalente al 1,53% del PBI) resulta en un déficit de $7.131 millones luego del pago de intereses. En años previos el pago de intereses reducía el superávit, pero el año pasado lo transformó en déficit. La diferencia se salda con más deuda. Producto de la separación entre superávit primario y resultado financiero, esto no se computa como déficit.
Otros maquillajes
El costo de la deuda desde el canje de 2005 ha quedado ligeramente disimulado porque el gobierno sigue mostrando superávit, pero en base a cada vez más maniobras contables.
En 2007, el superávit primario de 3,2% hubiera sido del 2,2% si no fuera por los ingresos extraordinarios producto de la opción de muchos aportantes, reforma mediante, de pasar de las AFJPs a la ANSES, cuyo superávit los K computan en el resultado fiscal general. El superávit financiero hubiese sido casi nulo sin esos fondos.
El aporte de ANSES es más significativo en 2008 a partir de la renacionalización de las AFJPs. Sus recursos aportaron para llegar a un superávit de $14.633 millones luego del pago de intereses, cuando el fisco sólo alcanzó $6.114 millones. La liquidación de las AFJPs no garantizó el 82% móvil sino fondos a discreción del kirchnerismo.
2009 fue más complicado: se sumó a los recursos del tesoro ganancias de la ANSES, utilidades del Banco Central, y u$s2.500 millones que aportó el Fondo Monetario Internacional por Derechos Especiales de Giro (DEG), su “moneda”. Un total de $22.100 millones, sin los cuales el déficit primario habría sido de $4.800 millones y luego del pago de intereses habrían pasado a $29.200 millones.
Todo el maquillaje no cambia que, a pesar de que el ciclo de los Kirchner pasará a la historia como una época de pagos generosos a los acreedores (45 mil millones de dólares de 2003 hasta hoy), haya aumentado la deuda. Desde 2005 aumentó en u$s20 mil millones, a u$s174 mil millones (sumando los bonos en default). Sólo en el último trimestre de 2009 aumentó u$s 5.454.
“Dime para quién gastas…”
Los “progres” consideran todo gasto como una intervención positiva del Estado, aún después de haber presenciado cómo los Estados en EE.UU., y en otros lados, comprometieron su solvencia (y hoy están en riesgo de default) con el único objetivo de salvar a banqueros, que usaron esos fondos para volver a las especulaciones.
Además de la deuda, el aumento del gasto en Argentina tuvo entre sus principales factores las transferencias a los capitalistas que en muchos casos no tienen otro fin que garantizar ganancias a las empresas, como condición para que no aumenten aún más los precios o sigan prestando servicios. Si directamente se hubiera planteado la renacionalización de los servicios públicos y de las empresas que chantajean con la suba de precios, bajo control de los trabajadores, se podrían haber ahorrado 35 mil millones de pesos en 2009 (45 mil este año). Un monto similar se va en el pago de capital e intereses de deuda.
Lo que los K presentan como medidas redistributivas, la extensión de la jubilación, la asignaciones por hijo y el Plan Argentina Trabaja, implican sumas irrisorias en relación a lo que hoy se necesita para cubrir la canasta básica ($3.800, el doble del salario promedio, y años luz de lo que cobran los sectores más precarios), y todo se financia con una estructura de recaudación basada en impuestos al consumo y retenciones al salario, donde están exentas las rentas financieras, y las tasas de aportes patronales (21%) y los impuestos a los bienes personales (1,25% es el máximo) tienen niveles ridículos, mientras que el impuesto a las ganancias tiene más agujeros -por deducciones- que un colador.
No pagando la deuda, dejando de subsidiar la ganancia -nacionalizando las empresas de servicios públicos y otras estratégicas bajo control obrero-, con la apropiación íntegra de la renta agraria (y no de una pequeña parte con retenciones) y aumentando los impuestos a las grandes fortunas podría garantizarse tranquilamente el 82% móvil a todos los jubilados y trabajo para todos con un salario acorde a la canasta familiar, mediante planes de obras, en el camino de garantizar la escala móvil del salario y el reparto de las horas de trabajo. Estas son medidas elementales de un programa de la clase trabajadora frente a la crisis.
Cuestiones de formas
Aunque el gobierno continúa el giro a los “mercados” buscando avanzar con el canje, los PáginaK pretenden que con la designación de Marcó del Pont surgió desconfianza en el “establishment” (Página/12, 14/03/2010). La verdad es que la reapertura del canje, con apoyo explícito de Hillary Clinton, se haría con los principales bancos internacionales en función de conseguir nuevo endeudamiento. Todos los banqueros defienden el uso de reservas para garantizar la deuda. Los “mercados” celebran por adelantado el canje, porque “los inversores que aún tienen deuda en default compraron los títulos a precios mucho menores que los actuales” (El Cronista, 17/03/2010). Gracias a esto, los bancos locales mostraron ganancias fabulosas en 2009.
Solanas: ¿El camino de Ecuador?
Proyecto Sur reivindica a Correa de Ecuador, que supuestamente cuestionó la legitimidad de la deuda. Lo paradójico, es que Correa hizo casi lo mismo que Kirchner en 2005, lograr una quita de deuda. Los progres K tienen razón en que “el recorrido ecuatoriano fue realizado sobre la huella argentina, incluso en una magnitud y profundidad menor, lo que se presenta como un sinsentido plantearlo en sentido inverso” (Zaiat, op. cit.), aunque de esto no se deduce que haya que seguir pagando sin chistar.
Solanas propone analizar la legitimidad de la deuda con una Comisión Bicameral, poniendo esperanzas en un parlamento donde la mayoría se compone por radicales que hicieron el mecacanje, el PJ disidente, el Pro y los propios K. Podemos imaginarnos lo que dirán sobre la legitimidad de la deuda.
Como si este planteo fuera mucho, vienen suavizándolo: “Proyecto Sur no plantea un default”, ya que mientras se investiga “es posible realizar ciertos pagos no cuestionados o depositar en el Banco de Basilea como consignación” (http://www.pinoseplanta.com/).
El único planteo sensato es el no pago de toda la deuda. No se puede tener confianza en las alternativas que puedan surgir del gobierno K o el parlamento opositor; sólo de la mano de la clase trabajadora, con un programa independiente de lucha contra el imperialismo y sus socios burgueses locales, puede avanzarse en este sentido.

“Bonapartismo fiscal” en el medio de la crisis política

El malabarismo que el gobierno viene haciendo, primero con el Fondo del Bicentenario, luego con el Fondo del Desendeudamiento, y ahora, debiendo someter el pago de deuda con reservas a un proyecto de ley, responde a una nueva realidad de mayores complicaciones en el frente fiscal.
La holgura de ingresos que le permitió al gobierno contar con abultadísimos sobrantes de recaudación para ejercer una suerte de “bonapartismo fiscal” en la relación política con intendentes bonaerenses y gobernadores durante todos estos años ya no existe más. Incluso muchas provincias tienen rojo fiscal y de no recibir recursos del Estado Nacional amenazan, como en el caso de Corrientes, con emitir cuasimonedas.
Redistribuyendo para los capitalistas
Mientras la recaudación en términos reales (descontando el efecto de la inflación), está casi estancada desde finales de 2008 (o sea que crece, pero lo mismo o apenas un poco más que la inflación), el gasto público mantuvo un crecimiento por encima de la recaudación. ¿Se puede decir que el aumento del gasto responde a la redistribución del ingreso? Difícilmente. Un cuarto de los gastos del Estado Nacional se destinan a los intereses de la deuda y a subsidios a los capitalistas. Si a esto se suma el pago de capital de la deuda el porcentaje supera el 40% del total del presupuesto.
Estas son las partidas que más crecieron en los últimos años. Los pagos de intereses y capital de la deuda aumentaron significativamente a partir de 2006 de acuerdo a lo pactado por Néstor Kirchner y Lavagna en la renegociación de 2005. Los intereses de la deuda pasaron de $17.000 millones en 2007 a $27.000 millones para este año. Y no solo eso, porque si se consideran los pagos de capital, que en muchas ocasiones pueden ser renegociados, las cifras se elevan mucho más. Por ejemplo, en 2009 la suma de intereses y capital llego a casi $40 mil millones. A pesar de ser el gobierno que más deuda pago, el “desendeudamiento” pregonado es puro verso, la deuda se viene incrementando desde el canje de 2005 y volverá a pegar un salto de concretarse el nuevo canje a los holdouts. El gobierno se “desendeudó” pagando puntualmente una deuda usuraria, que para los voceros del establishment habría que refinanciar alimentando el ciclo de los intereses, y que en realidad lo único que corresponde es no pagar en su totalidad. A excepción del pago a los jubilados y Pami que se solventa con el aporte sacado del sueldo de los trabajadores, la deuda supera cualquier otra partida en el presupuesto, especialmente las dedicadas a “gasto social”. Veamos algunos ejemplos: la universalización de las asignaciones familiares representa $7.300 millones, a la educación se destinan apenas $19.000 millones y a la salud $10.000 millones en todo el año!
Otra gran parte del aumento del gasto se explica por los crecientes subsidios a los capitalistas. De esta forma se benefician principalmente los empresarios del transporte, entre ellos Roggio, que a pesar de las pésimas condiciones en que se viaja en trenes, subtes y colectivos se llevarán $20 mil millones durante 2010. Además, unos $15 mil millones se irán en subsidios a las empresas de combustibles, energía y minería. Y los “repudiados” empresarios del agro se llevarán otros $5 mil millones. A pesar de todos estos beneficios solventando desde el Estado la ganancia, el gobierno no logró contener la insaciabilidad de los empresarios que igual aumentan los precios de los alimentos y los combustibles. El total de estas trasferencias crecieron de forma desorbitada: pasaron de $5.000 millones en 2006, a $10.000 millones en 2007. En 2008 fueron de $32.000 millones, y en 2009 de $35.000 millones. Este año están presupuestados $45.000 millones ¡Un crecimiento del 900% desde 2006! Aunque el gobierno quiere presentar esto como una política de mantener baratos los servicios públicos para los trabajadores en contra de la oposición que plantea el ajuste tarifario, la verdad es que los subsidios se los embolsan los empresarios y son una forma de abaratar la fuerza de trabajo y de hecho significa un subsidio a la ganancia capitalista. Muy por el contrario al aumento de tarifas, la única solución verdadera para garantizar servicios públicos baratos, o incluso gratuitos, para el pueblo pobre es la estatización del transporte, de las empresas de energía, de comunicaciones, y el conjunto de los servicios públicos, bajo gestión de los propios trabajadores, eliminado la ganancia empresaria.
Generoso en gastar para los capitalistas, el kirchnerismo mantuvo limitados los impuestos a las ganancias. Más del 50% de la recaudación proviene de IVA que grava fundamentalmente a los consumos populares y de las contribuciones a la seguridad social que se sustraen del salario! Aunque presentó como una pelea antioligárquica el intento de subir algunos puntos porcentuales las retenciones agropecuarias, descartó restablecer las contribuciones patronales al nivel de 1993 lo cual podría sumar casi $20.000 millones de recaudación o fijar cualquier gravamen a la renta financiera (que podría significar $11 mil millones). Esto obligó al gobierno a financiarse con deuda cara (como la concedida por el gobierno venezolano hasta 2008) o en el limitado mercado local. Pero como fue insuficiente, recurrió a los superávit de organismos como la ANSES, o el PAMI, que fueron fuentes que permitieron al gobierno salir del paso durante el año pasado.
Los problemas fiscales no se deben a que el gobierno busca “primero redistribuir y después crecer” como critican los medios más rabiosamente oligarcas, sino que están ligados a una estructura de gasto fiscal comprometida en sostener la ganancia empresaria y los pagos de la deuda apoyada mayormente en los impuestos al consumo. Una “redistribución”, sí, en beneficio de los capitalistas. El problema no es el gasto sino el saqueo nacional llevado adelante por el capital imperialista en asociación con los capitalistas locales.
Al gobierno se le hace cada vez más difícil seguir combinando su ortodoxia al momento de honrar las deudas y de (no) poner impuestos al capital con el andamiaje de subsidios a los capitalistas destinado a disimular los aumentos de precios (buscando sostener lo más posible la “ilusión INDEC” para limitar las pretensiones salariales), y el resto de las medidas de “bonapartismo fiscal”.
El agotamiento del “bonapartismo fiscal”
La situación de crecimiento más acelerado de los gastos en relación a los ingresos fiscales plantea a la burguesía una clara perspectiva de ajuste fiscal contra los trabajadores, pero la disputa se encuentra alrededor de los tiempos para ejecutarlo. Es que la recaudación en febrero proyectada podría llegar ajustadamente a cubrir todas las erogaciones del año, incluso, los desembolsos como la universalización del fondo a la niñez o el plan argentina trabaja, lanzados posteriormente a la aprobación del presupuesto. Por ahora, el gobierno enfrenta una situación fiscal manejable, pero no contará con los sobrantes generosos que existían cuando el superávit alcanzaba el 4% del PBI y permitía distribuir recursos discrecionalmente. En lo inmediato la oposición apunta a limitar cada vez más el “bonapartismo fiscal” que el gobierno desarrolló todos estos años. En ese sentido va la ley de la oposición para quitarle la administración de una parte de los ingresos del impuesto al cheque mediante mayor coparticipación a las provincias. Sin embargo, la nueva etapa de la crisis internacional con la situación que atraviesan varios países europeos, entre los que se destacan Grecia, España y Portugal, crea una situación de alta inestabilidad que podría echar por tierra todos los pronósticos.
Frente a esta disputa, no hay ninguna alternativa favorable a los trabajadores ni en el gobierno ni en la oposición patronal. Aunque el gobierno evite el ajuste directo, su política de gastos para pagar la deuda y subsidiar a los capitalistas prepara las condiciones para un ajuste futuro, mientras el problema de la inflación que buscan ocultar representa un ajuste cotidiano sobre el poder de compra del salario. Incluso, para los capitalistas exportadores el salario en dólares viene cayendo fuertemente apuntalando sus ganancias. La oposición sólo busca impedir que el gobierno pueda hacerse libremente de los fondos adicionales para seguir gastando, pero comparte el objetivo de pagar la deuda sólo que pretende que el gobierno empiece a tomar al menos alguna medida de ajuste, para aligerar la carga que quedaría para quien gane en 2011.

La plata de los jubilados y la plata de los acreedores

La extensión de las asignaciones familiares significa la absorción de otros planes por más de $5.000 millones (m). Se podría decir que ordena “la caja” fiscal para negociar la deuda: miles de millones de pesos pasan a la cuenta de ANSES, y el tesoro libera recursos para contener el déficit fiscal creciente y dar señales a los “mercados” de que podrá pagar. El gobierno sigue adornando los números para los acreedores: en 2008 liquidó las parasitarias AFJPs, pero para transformar en superávit del tesoro el de ANSES y venderle bonos al organismo para seguir pagando la deuda y subsidiar a los capitalistas. Ahora, el anuncio del subsidio universal tiene en su letra chica un guiño a los bonistas.

Además de los aportes patronales y contribuciones que recauda por cada trabajador registrado (siempre y cuando los “Don Carlos” no usen esa plata para financiar sus empresas) ANSES recibe fondos por la recaudación de distintos impuestos (IVA, Cheque, Ganancias), que surgen de una deducción del 15% a la coparticipación que reciben las provincias, arreglo que se mantiene desde los '90 cuando la creación de las AFJP desfinanció el sistema. De esa masa de recursos, el organismo ahorra hoy una parte luego de pagar haberes y asignaciones. Este ahorro pasa a engrosar el stock de recursos que se reservan para hacer frente a futuros aumentos en los haberes y al crecimiento en el número de jubilados. Ese stock es el que el gobierno ha venido succionando a cambio de títulos de deuda.

Ahora, con los rendimientos de ese stock (los intereses de préstamos y utilidades de tenencias accionarias) se financiará la extensión de las asignaciones por hijo. Pero como las utilidades esperadas para 2010 ($8.500 m) son menores a los 10.000 m del plan (que algunas estimaciones dicen que en realidad podrían llegar a 13.000 m), éstas no alcanzarían para sostenerlo. Entonces, o se crea nueva deuda, o se usa una parte del stock que hoy ronda los $100.000, que entonces ya empezaría a reducirse. Los 5.000 m que se ahorra el fisco o más, es lo que habría que usar anualmente del Fondo de Garantía. Y eso sin contar que los rendimientos supuestamente se acumularían para afrontar futuros aumentos en las erogaciones en vez de gastarse.

Algunos escribas a sueldo del gobierno han salido a criticar los planteos de que se está usando “la plata de los jubilados” para extender las asignaciones por hijo. Argumentan que esa plata no es de los jubilados, ya que el sistema de reparto corta con la dependencia de los aportes individuales para sostener los pagos futuros de la jubilación, y reivindican el supuesto plan global del gobierno para mejorar la situación de los sectores más vulnerables.

Es cierto: los aportes de hoy no son de cada futuro jubilado. Pero es falaz plantear que hay una política global para mejorar las condiciones de los pobres. Por el contrario, lo que trata el gobierno es de contener a la población más pobre con unos pocos pesos, para evitar una extensión de reclamos que confluyan con los de los trabajadores ocupados con miras más ambiciosas que apenas sobrevivir, como acabar de raíz con las condiciones de miseria exigiendo salarios que alcancen como mínimo la canasta familiar y trabajo para todos. Mientras lo hace, reconoce y legitima el trabajo en negro y los bajos salarios. Y de paso libera plata para los acreedores.

Podría argumentarse que como se trata de una asignación vinculada a la seguridad social, es lógico que la nueva asignación caiga en la órbita de ANSES. También, que al tratarse de un sistema de reparto, el Estado está obligado a sostener todas las erogaciones más allá de la solvencia del sistema. Respecto a éste segundo planteo, hemos visto muchas veces cómo el Estado pagó jubilaciones miserables con tal de no poner para ANSES ni un peso que tenga otra asignación presupuestaria para. Puede ser muy lógico que por las características de esta asignación caiga en la órbita de ANSES, pero también lo sería que se incrementaran los recursos en forma equivalente. Pero no es el caso sino todo lo contrario, y mientras promociona el plan, Boudou dice sin sonrojarse que sería recesivo aplicar nuevos impuestos para justificar que el capital financiero siga sin pagar nada por especular a piacere.

Por lo demás, el gobierno sigue rechazando implementar el 82% móvil y mantiene aumentos discrecionales a las jubilaciones (hoy con una mínima de $827). El ministro Boudou, que hoy califica este proyecto de “revolucionario”, cuando estaba a cargo de ANSES sostuvo que los recursos “no alcanzan para dar un aumento a los jubilados” (20/05/09). Parece que cuando se trata de liberar al fisco, se pone más generoso.

La extensión de las asignación es parte de la orientación pro mercados encarada por el gobierno para afrontar el déficit. Ninguna respuesta seria a la pobreza puede venir de las migajas del gobierno K. Es necesaria la mayor unidad de ocupados, precarios y desocupados para pelear por un inmediato seguro de desempleo acorde a la canasta familiar, el reparto de las horas de trabajo entre todos, y garantizar el 82% móvil a todos los jubilados, sobre la base del no pago de la deuda, nacionalización de la banca, y los impuestos a las grandes fortunas.

La “gestión” K de la pobreza

ASIGNACIONES POR HIJO
La “gestión” K de la pobreza

Con el anuncio del plan de asignaciones por hijo, el gobierno aparece dándose un ligero baño de progresismo después de la represión en Kraft y el giro hacia “los mercados” impulsado por Boudou. Celebran que la oposición “se quedó sin argumentos” y que se ha dado un primer paso para terminar con la pobreza.

Todo por $2

Hay un abismo entre el reclamo de los movimientos de desocupados de $2.000 para cubrir la canasta básica, y lo limitado de una medida presentada con tanta pompa. Además, según los datos que surgen del presupuesto del 2010 los K gastarán 44.232 millones de pesos (4,5 veces superior a lo que destinará a las asignaciones por hijos) en subsidiar a los capitalistas del transporte como Roggio, a las empresas de energía como Edenor y Edesur, al agro y la industria, etc. Los pagos de intereses de la fraudulenta deuda pública, aún sin considerar el aumento que signifique el nuevo canje a los holdouts, serán 2,6 veces más altos que el conjunto de las asignaciones. Mientras que estas generosas erogaciones al capital se sostienen con un presupuesto apoyado principalmente en impuestos al consumo, es el bajo ingreso de los jubilados el que sostendrá las asignaciones por hijo: los recursos saldrán del rendimiento de los fondos de la ANSES que se apartan para “garantizar la sustentabilidad” del sistema, incurriendo en un déficit ya que los mismos son menores a los $ 10.000 millones comprometidos.

La medida fue anunciada la misma semana que Redrado y Boudou convencieron a los K de archivar la idea de reformar otra “ley de la dictadura” como es la de entidades financieras, o de siquiera gravar la renta financiera, para no afectar el “clima de negocios” cuando están tratando de cerrar el canje armado por los mismos bancos de los que son clientes los dueños de los títulos (imagínese a la medida de quien).

Bomberos del capital

Esta medida, al igual que los planteos de la oposición, se propone actuar de colchón para contener los efectos de los despidos que realizaron las empresas, y que planean continuar. A pesar de los síntomas de recuperación económica, la recuperación del empleo se pronostica que será limitada. Es que las empresas están utilizando la crisis para despedir, aumentar los ritmos de trabajo y congelar salarios o en el mejor de los casos otorgar aumentos por detrás de la inflación.

La pobreza cuya medición desfiguró la intervención del Indec estaría afectando a más del 30% de la población. El solo reconocimiento que se le asignará el subsidio a 5.000.000 de menores de 18 años, que representan el 12,5% de la población, indica lo mentiroso de los números oficiales que señalan una pobreza de sólo el 13,9% para el total de la población, ya que sólo contando los menores se llega casi a ese porcentaje. Esta pobreza no brota de la nada ni es solamente un producto de los cientos de miles de despidos que sucedieron mientras el kirchnerismo trataba de ocultar el impacto de la crisis, y se limitaba a lanzar planes cuyo único efecto fue transferir dinero a los empresarios. Aunque esto sin duda agudizó el problema. Las raíces profundas están en la estructura del empleo con un 40% en negro y numerosas formas de contrato precario como son los contratos a término. Estas condiciones permitieron un formidable retroceso en la participación de los trabajadores en el ingreso generado: sólo considerando el sector manufacturero, las remuneraciones pasaron de representar el 44% del valor agregado en el año 1994, a apenas el 25% en los últimos datos del Censo Económico 2004-2005. Aunque los K dejaron correr mejoras en la remuneración de los trabajadores en blanco, estas tuvieron un límite muy estrecho: con la ayuda de los sindicatos, el gobierno puso un freno cuando en 2006 algunos pocos sectores alcanzaron o apenas superaron el poder adquisitivo del 2001, año pico de recesión. De ahí en adelante la inflación viene erosionando los salarios, pero como las empresas producen más y venden más caro, la participación capitalista en el agregado siguió en aumento, en línea con la tendencia que registra desde mediados de los ‘70. La pobreza es tributaria de esas condiciones de concentración del ingreso que el gobierno sostuvo y permitió que se profundizara. La asignación por hijo deja intacta esta situación “gestionando” la pobreza y naturalizando una masa de obreros sin trabajo o con trabajo precario. A su vez, los capitalistas encuentran en el trabajo en negro y precario una masiva fuerza de trabajo barata, cuya baratez es asistida ahora por las asignaciones por hijo, que presiona morigerando las aspiraciones del conjunto de la clase obrera. Los capitalistas necesitan para volcar la crisis sobre los trabajadores evitar cualquier atisbo de unidad entre desocupados y ocupados.

En un escenario donde las patronales se preparan para continuar la restructuración -despedir y rechazar aumentos de salarios- el gobierno vuelve a actuar de bombero, esperando con esta asignación distender las presiones al aumento salarial en los sectores de menores ingresos. En un momento en que “se espera una profundización de los conflictos laborales el año próximo, asociada principalmente a los reclamos por mejoras salariales” (Aseguran que mejora la actividad pero recrudece la conflictividad laboral - DiarioGremial.com-), la asignación por hijo a cargo del gobierno con los fondos de los jubilados, es un plan de contención que busca evitar la unidad de los trabajadores desocupados y en negro, de los trabajadores en blanco.

Un programa obrero por el empleo y contra la pobreza

Existen los recursos para garantizar inmediatamente un seguro temporal de desempleo acorde a la canasta y para desarrollar un gran plan de obras que incorpore a todos los desocupados (que debería ser bajo control de los trabajadores) mediante el no pago de la deuda externa, la expropiación de los recursos naturales, incluyendo la tierra de los grandes terratenientes, nacionalización de la banca y dejando de subsidiar la ganancia capitalista. Este programa sólo puede ser impuesto por la lucha, enfrentando los planes capitalistas sobre la base de la más amplia unidad entre trabajadores efectivos, contratados, en negro y desocupados, tirando abajo toda la legislación laboral flexibilizadora y repartiendo las horas de trabajo entre todas las manos disponibles.

Esteban Mercatante y Pablo Anino

Kraft Terrabusi

Comunicado de Prensa
Gran triunfo de la lista 1 encabezada por Javier “Poke” Hermosilla

(Buenos Aires, 3/11/09). A pesar de las maniobras de la empresa y el sindicato, y la situación represiva que se vive en la planta, más de 1700 compañeros y compañeras participaron masivamente en la elección de Comisión Interna dándole el triunfo a la lista 1 (impulsada por la agrupación Desde Abajo del STIA junto a compañeros y compañeras independientes) con 676 votos, sobre la lista encabezada por Ramón Bogado que obtuvo 660 votos, y la lista 3 alentada por Daer y la patronal, que obtuvo sólo 390 votos. La lista 1 obtuvo el 75% de los votos en el turno noche, donde Hermosilla es delegado, turno que sufrió la mayor proporción de despidos y suspensiones.

La lista ganadora va a impulsar la inmediata reorganización del Cuerpo de Delegados por Sección, y convoca en especial a los compañeros y compañeras de la lista 2 a hacerlo en común, como parte de la lucha por la reincorporación de los 53 compañeros que aún siguen despedidos, y por todas las reivindicaciones de las obreras y obreros de Kraft-Terrabusi que vienen de protagonizar una heroica lucha.