Más sobre la sanata de la "soberanía" hidrocarburífera

Como no podía ser de otra forma, el conflicto entre Moyano y el gobierno acaparó casi toda la atención (y la tensión) en los últimos días. En La Verdad Obrera Nº 480 puede leerse el editorial Todo el apoyo a la huelga de los camioneros. Por un paro y plan de lucha nacional, así como Las batallas del PTS en el escenario nacional. También en la "troskósfera" pueden leerse varios posicionamientos sobre el tama (como por ejemplo Entre el gorilismo K y las respuestas de Moyano. Anuncio de las batallas por venir, Moyano y su retroceso táctico (y estratégico),Guerra en el PJ, movimiento obrero e izquierda. Algunas notas , Semieje partido,Tres problemas que surgen de los hechos de esta semana, y acá se da un paneo crítido de lo que ha dicho la "peronósfera").

Sin embargo, quería señalar algunas novedades sobre la situación de la "recomprada" YPF que comenta en esta nota LaPolíticaOnline (y que, como ocurre siempre con este medio, debemos tener en cuenta que ha de ser  mitad bolazo y mitad posta, o proporciones parecidas). Allí se señala las jugadas "que no previó Kicillof". Esta "jugada", no es otra que las leoninas exigencias que podían preverse por parte de las grandes petroleras multinacionales para asociarse con YPF aportando capital. Citando a un gerente, esta nota sostiene que las petroleras “Saben que tienen margen para exigir condiciones favorables, porque YPF por su cuenta no puede conseguir –al menos, en la situación actual- los capitales para concretar su plan de acción”. Con algo de ironía, la propia jugada del gobierno para deprimir la capitalización bursátil en el marco de su ofensiva contra Repsol, achicó ahora la espalda financiera de la compañía "recomprada" (sin fecha cierta de pago), con lo cual se vuelve menos atractiva para los inversores, dificultando cualquier financiamiento interno. Esta situación, las regulaciones oficiales, así como las trabas a las importaciones, son usados por las multinacionales en la mesa de negociación para subir las exigencias. 

Pero todo eso son argumentos adicionales para tirar sobre la mesa; el nudo de la cuestión, lo que inclina la balanza en favor de las petroleras, es la urgencia del gobierno por introducir compleja tecnología para la recuperación de pozos y para la explotación no convencional, y la incapacidad poner fondos propios en esta empresa. De esta forma, quienes tiénen los recursos y (sobre todo) la tecnología, se sientan a la mesa corriengo con ventaja. En el apuro por hacerse de Vaca Muerta antes de que Repsol negociara con otras firmas su puesta en explotación, los funcionarios que diseñaron el plan calcularon con excesivo optimismo que el tractivo del yacimiento sería suficiente para rebajar las exigencias. Pero, como era previsible, las firmas buscan condiciones que permitan sacarle el máximo jugo a los yacimientos. Conducta rapaz muy parecida a la que Kicillof denunció en varias oportunidades de los "colonizadores" españoles.

Lo que las petroleras exigen, y cayó como un baldaso de agua fría para los afiebrados pronósticos de la progresía oficialista sobre la "redistribución" progresiva que permitiría la expropiación parcial (ver por ejemplo aquí  y aquí algunos ejemplos paradigmáticos de ilusiones trasnochadas sobre las posibilidades del Estado gestionando el petróleo en persecusión del "interés público") es el aumento de precios internos –en especial del gas, que a nivel local se paga u$s 2,50 por millón de BTU, e importarlo de Bolivia cuesta u$s 12-, la libre disponibilidad de las utilidades que obtengan las empresas (es decir una excepción de las presiones "informales" que viene haciendo el gobierno para que las multinacionales no giren utilidades a sus casas matrices), liberación de importaciones, garantizando que sortearán las trabas aplicadas por la Secretaría de Comercio, que dirige Guillermo Moreno. La capacidad para operar sin inconvenientes y demoras en el mercado de divisas, y "el compromiso de mantener estables estas cuestiones a través de un norma regulatoria, en lo posible aprobada por el Congreso como se hizo en los noventa con el marco legal de la minería". 

Podríamos decir que exigen el "contrato Barrik". Concederlo sería un baldaso de agua fría para el Cristinismo. No es que tengan muchos pruritos al respecto (la asociación con las mineras no ha hecho más que estrecharse durante la década de gobiernos K, a tal punto que cambiaron la ley de glaciares para no entorpecer la minería a cielo abierto). Pero ocurre que no se lleva muy bien con toda la propaganda sobre la "soberanía" y las denuncias contra la rapacidad de Repsol (algo obvio desde los '90, de lo cual los K parece que tardaron un poquito en darse cuenta). Tampoco se lleva muy bien con la idea de que mágicamente, esta "recompra" parcial de YPF permitiría resolver todos los problemas energéticos, sin afectar más profundamente los intereses imperialistas, y sin elevar los precios ni nada. 

Estas complicaciones no son una sorpresa, sino el resultado lógico de las falacias del plan K (de Kicillof, aunque algunos se lo adjudican a Dromi). Como ya hemos planteado aquí "esperando que sean los inversores externos los que resuelvan los problemas del país, se parte de una débil posición que obligará a mayores concesiones, como ajustar los precios para terminar de acercarlos a los internacionales y garantizar las remesas de utilidades". Esas son las exigencias de las que Cristina Fernandez terminó de desayunarse en su reciente reunión con petroleros en el Upper East Side de Manhattan.

Las poco atractivas opciones para el cristinismo, son entonces aceptar las exigencias de las petroleras, retrocediendo sobre lo proclamado, o quedarse con la enorme potencialidad de Vaca Muerta sin explotar. Por supuesto, con la trampita de igualar soberanía con "autoabastecimiento", y este con exportaciones netas positivas, sustrayendo la discusión de los costos que haya que soportar para lograrlo (en términos ecológicos, pero también de cesión de soberanía), es una vía para tratar de salir airosos de una entrega tan nefasta como la de Frondizi (ver aquí). Pero difícilmente esta operación sea muy efectiva, considerando que necesariamente irá acompañada de aumentos en los precios del combustible "para todos y todas".

Volviendo a la nota de LPO, esta propone la conclusión, apoyada en "fuentes oficiales" ligadas al Ministro de Planificación Julio De Vido, que los problemas actuales estarían en "la forma en que se estatizó YPF", que "no hizo más que cerrar las puertas del crédito internacional". Pero esto es una chapucería, ya que el crédito estaba prácticamente cerrado previamente, y aún en las mejores condiciones no habría podido alcanzar la escala suficiente para las inversiones requeridas. Mejorar "las formas" no hubiera hecho más que elevar la carga de la expropiación parcial, acelerando los tiempos en los que deban afrontarse sus costos (por lo pronto la cuestión está en los largos tiempos del Ciadi) sin reducir en lo más mínimo las exigencias de las petroleras para invertir. No, los problemas no están ahí, sino que son el resultado de las restricciones insalvables de una medida que afectó parcialmente la propiedad capitalista en un sector (que apenas impacta sobre el 30% de la explotación hidrocarburífera), sin atacar de conjunto las posiciones del imperialismo, ni tampoco avanzar sobre otras rentas, lo cual hubiera permitido abrir caminos para realizar las inversiones sin depender del capital extranjero.
Lejos del camino oficial, o de sus críticos amigables al capital imperialista, para hablar seriamente de "soberanía hidrocarburífera", es necesario integrar esta cuestión en un programa de vaya hasta el hueso contra el imperialismo y la gran burguesía local, unida a este por mil lazos. 

Como decimos acá: "Entre otras medidas, se tiene que declarar el no pago de la deuda, nacionalizar los bancos y crear una banca estatal única, controlada por los trabajadores, para imponer un férreo control al movimiento de capitales y centralizar el crédito focalizándolo en sectores estratégicos cortando con la sequía crediticia que imponen los bancos para concentrarse en los rentables negocios que reflejan sus balances (en el último año sumaron ganancias por $11.000 millones). Esto también permitiría dar crédito barato para viviendas populares.

Pero estas elementales medidas de autodefensa nacional son apenas un primer aspecto para liberar recursos y encarar el autoabastecimiento energético. La renta agraria, que supera los u$s 10.000 millones que se reparten entre los terratenientes, cerealeras, semilleros, pooles y grandes empresas agropecuarias, debe ser íntegramente apropiada, mediante la expropiación de las grandes tierras y el monopolio estatal del comercio exterior. Lo mismo debe hacerse con la renta minera. Sólo con estas fuentes, en un año podría alcanzarse más de la mitad del valor necesario para inversiones en el rubro energético.

Este es un camino opuesto por el vértice al del gobierno. Expropiar el 100% de los recursos hidrocarburíferos, y no limitarse a una empresa dejando en manos de capitales extranjeros el 70% restante. Establecer un plan energético de conjunto, donde el “interés público” no sea una declaración de intenciones, organizando la explotación de las reservas de gas y petróleo, y su refinamiento, bajo gestión de los trabajadores. La expropiación de todas estas empresas y de la oligarquía terrateniente, junto a la estatización de la banca, que levantamos, no son para que estén bajo la órbita de la burocracia estatal, los De Vido y los Kicillof. Es necesario ponerlas bajo gestión de la clase trabajadora. Son premisas mínimas para poner todos los recursos que genera el pueblo trabajador en función de resolver sus propias necesidades, mediante un plan de obras públicas que ofrezca trabajo a todos los desocupados y apunte a los problemas de la vivienda, la falta de infraestructuras básicas, así como aumentar los presupuestos de educación y salud. Peleamos porque sean los trabajadores y sectores populares los que discutan cómo organizar el conjunto del aparato productivo en función de las necesidades sociales y no de las ganancias empresarias, ligando su destino a una perspectiva socialista en América Latina y en el mundo. No se trata de “imponer” este programa a la burguesía y su Estado, bajo cuyo dominio sólo podemos esperar que se profundice la dependencia. La aplicación de este programa para reorganizar la economía sobre nuevas bases reclama la movilización revolucionaria y un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo".

Graficos Parte III

Tercera y última parte de los gráficos que acompañaron la ponencia La economía argentina en los años "K", sus contradicciones y perspectivas.