La entelequia de un capitalismo “al 49%”

Si nos pusiéramos un poco horaciogonzalianos, podríamos decir que en la expropiación del 51% de las acciones de Repsol YPF se condensa toda una simbología de como el oficialismo, en su etapa “cristinista” se representa a sí mismo y a su “modelo”: un capitalismo “al 49%”, en el que el Estado mete mano en varios lados, establece algunas restricciones, principalmente para los precios (especialmente en las tarifas de servicios públicos) y toma algunas medidas para, en palabras de Gabriel Palma, “disciplinar a las elites empresarias”, como viene haciendo el Estado a través de los directores designados en su representación en algunas grandes empresas.

Imposturas del "relato"

Es una gran impostura presentar esto como el “modelo” que se profundiza, ya que sus años “gloriosos” de mayor crecimiento económico, del empleo, e incluso de recomposición salarial, se caracterizaron más bien por una política económica administrar los superávits gemelos con intervención limitada. Durante los primeros años K, sus bases centrales fueron: el crecimiento del “excedente de explotación” (plusvalía) privado, el excedente externo (superávit comercial y relativa holgura en la salida de capitales y los compromisos de deuda luego del default), y el excedente fiscal (alcanzado mediante el brutal ajuste del gasto que se dio durante 2002, completando los ajustes kirchneristas). Estos “excedentes” fueron logrados de forma conjunta durante 2002, mediatne la devaluación, y son distintas dimensiones de un mismo ajuste cuyos principales costos los soporto la clase trabajadora. La holgura que trajo este ajuste, sumada a la vigencia de la legislación laboral flexibilizadora, y la perduración de los efectos de las reestructuraciones e inversiones noventistas (que permitieron a muchos sectores crecer con poca inversión) fue lo que explicó el dinamismo y la posibilidad de sostener un elevado crecimiento por un período de duración prolongada sin que se expresaran severas limitaciones. Cuando el “piloto automático” de las conquistas que logró el empresariado a costa de los asalariados empezaron a mostrarse insuficientes, allí apereció el Estado para paliar las contradicciones del esquema. La creciente intervención del Estado, presentada ahora como “virtuosa”, fue en realidad una respuesta “defensiva” ante las contradicciones que empesaron a surgir en el crecimiento económico pos devaluación, allá por el 2006. Recién allí se archivo el “piloto automático + algunas restricciones” por una regulación más amplia. Cuando la inflación superó significativamente los dos dígitos, aparecieron los controles de precios, que rápidamente cedieron paso a la intervención para dibujar los datos del IndeK, acompañada de subsidios a los empresarios para tratar de que aumenten un poco menos los precios.

Sí, no todo el “intervencionismo” K apareció de golpe. Desde la salida de la Convertibilidad permanecieron congeladas las tarifas energéticas. Y sí, también se impulsó desde 2003 algunos tibios aumentos “no remunerativos” del salario, además de mantener los planes Jefas y Jefes implementados masivamente por Duhalde en 2002. Pero fuera de esto, el resto fue pura “macro”, aprovechar los superávit, esterilizar la emisión de pesos que se hacía para comprar los ingentes dólares del comercio exterior, negociar la deuda y pagarla generosamente (lo que luego pasó a denominarse de una forma más nac & pop como “desendeudamiento”). Nadie se escandalizaba durante los primeros tiempos por las remesas de utilidades, no porque estas fueran mucho menores que en 2011, sino porque sobraban dólares para soportarlas. Tampoco durante el gobierno de Néstor (ni el primer mandato de Cristina) se produjo ningún escándalo por la desinversión en petróleo y gas, no porque esta no fuera ya flagrante, sino porque era la forma de que Repsol y las demás petroleras ganaran dinero, dejando para el futuro ver qué ocurría con el entuerto energético. En el caso de las empresas energéticas y demás servicios públicos, nadie encontró durante estos años las virtudes del Estado como administrador (salvo en el caso de AYSA y del Correo, cuando ya marchaban irremediablemente hacia la quiebra). Todo el intervencionismo de la economía política K consistió en poner topes tarifarios, y dejar en manos privadas arreglárselas con esos topes para manejar el negocio. Y bueno, un capitalista casi siempre encuentra la manera de ganar dinero (no siempre, por eso las compañías eléctricas están al borde de la quiebra), sólo que eso no garantiza que los servicios a cargo del capital se puedan sostener en el tiempo. Más bien, en la generalidad de los casos asegura lo contrario. Como planteamos aquí “el Estado estableció algunas restricciones a los privados, especialmente en los servicios públicos, pero sin revertir ni el manejo privado, ni la presencia del capital extranjero en vastas áreas. Como se probó en la energía, y más dramáticamente en el transporte, esta combinación de ‘Estado [burgués] + mercado’ ha sido catastrófica. En el caso de los servicios públicos, el sector energético y combustibles, el Estado sólo hizo la vista gorda ante la evidente desinversión, mientras proveyó fondos para garantizar la rentabilidad. Es decir, una rentabilidad lograda a condición de no invertir, con el aval del Estado”.

La propia motivación de la intervención y del “estatismo” creciente, entonces, fue poner parches allí donde las virtudes del mercado (es decir de los capitalistas nacionales y extranjeros moviéndose por su afán de lucro) ya no creaban más que problemas. Esta motivación última es reveladora del carácter de clase del “regulacionismo” K. El uso de fondos del Estado para subsidiar a distitos sectores del capital (una pata de lo que nosotros hemos definido como “bonapartismo fiscal”) busca solventar desde el Estado una cuota más elevada de plusvalía, por encima de la que los capitales beneficiados por el bonapartismo extraen a sus asalariados, redireccionando recursos de la renta agraria y otras fuentes. Aunque esto tenga como contracara alguns límites a los aumentos de precios o compense mejoras salariales aceptadas por los empresarios, y en ese sentido tenga un efecto “redistributivo” en relación con los asalariados, el objetivo es operar una compensación a los capitalistas. Para que no queden dudas de este carácter de clase, recordemos que ya desde 2006 el gobierno viene impulsando techos a los aumentos de salarios negociados en paritaria, buscando evitar que pasaran el nivel de aumento de precios. Sí, esos salarios que según Cristina aumentan gracias a la política oficial, primero de Néstor y ahora de ella, como si todas las duras luchas de estos años, desde la de telefónicos en 2004, las que se dieron en tantas empresas de la industria y los servicios encabezadas por el llamado sindicalismo de base, las peleas de petroleros y docentes de provincias duramente reprimidos (¿Fuentealba dice algo?) hasta la pelea en el gremio de la alimentación en 2010 por perforar el techo salarial (encabezada por quienes la semana pasada disputaron desde la Lista Bordó la conducción del gremio contra la burocracia de Daer) no hubieran tenido nada que ver.

Las contradicciones de la economía argentina y el fin de los pilares macroeconómicos

La idea de que el accionar del Estado pueda elevarse por sobre las determinaciones contradictorias de la acumulación capitalista -cuya expresión principal en la Argentina es la inflación- y corregirlas, no sólo es teóricamente falaz. El resultado está mostrando una crecientemente impotencia. Si gracias al ajuste de 2002 el gobierno contaba en los comienzos con un importante excedente fiscal para solventar una porción de la ganancia con recursos fiscales, buscando de esta manera afrontar las consecuencias de la inflación, aún esta masa formidable de recursos se mostraría insuficiente con el transcurso del tiempo. Y, cuando los fuertes superávit fiscales empezaron a flaquear producto de siderales aumentos del gasto (cuyas partidas de mayor crecimiento fueron los subsidios a empresas y los pagos de deuda pública), aún estaba ahí la solvencia externa... hasta el año pasado. Contando la salida de capitales y los pagos de deuda, el balance de pagos resultó ligeramente negativo. El Banco Central no pudo reponer los dólares usados para pagar deuda del tesoro, y debió soportar una pérdida adicional.

Este estrechamiento de los recursos que desde el Estado se pueden poner en juego, se dio de la mano de un continuado aumento de los costos afrontados por el capital. Aunque en relación con la clase obrera, la recuperación del salario de estos años (que en menos de la mitad de los gremios superó en los últimos años los niveles de 2001) se dio de la mano de aumentos de la productividad, gracias a los cuales el costo salarial sigue considerablemente más bajo que en 2001 (lo cual se traduce en la limitada recomposición que logró la masa salarial en el producto nacional durante los últimos años), no ocurre lo mismo con otros costos. Allí, la inflación viene haciendo mella.

La posibilidad de administrar esta situación con los mismos mecanismos se dificultó por la situación del sector externo. Hasta hace dos años el superávit comercial (conseguido desde 2002 gracias a un desplome de las importaciones y a un aumento de las exportaciones, en valores y en cantidades, gracias a la demanda asiática) había permitido durante todo el ciclo kirchnerista, afrontar un sistemático déficit en la cuenta capital del balance de pagos (debido a una fuga de capitales que nunca se detuvo del todo y conoció varios períodos de salidas muy elevadas) y en remesas de utilidades, y aún así acumular dólares. Pero esto se erosionó por el constante crecimiento de las importaciones, una evidencia flagrante de que no se revirtió la desarticulación de la economía durante estos años. El año pasado se ingresó en zona crítica, aunque hubo superávit comercial, éste fue muy inferior a lo proyectado, y no alcanzó para compensar la fuga de capitales, las remesas, y los pagos de deuda en dólares. El resultado fue una severa caída en las reservas, que en diciembre cayeron hasta 45 mil millones. ¿Qué implicancias tiene este cambio en la situación externa? Su efecto es restringir la fuente última para sostener el financiamiento en la economía nacional, especialmente del sector público pero eventualmente también del privado.

Heterodoxia y ortodoxia (burguesa), dos variantes de ajuste

Hace algo más de un año planteamos (ver “Tras el discurso triunfalista sobre el “modelo K”, una agenda de normalización y vuelta a los mercados”), que esta situación planteaba para 2012 la necesidad de una de dos alternativas: o búsqueda de acceder al mercado externo emitiendo deuda, o avanzar en la senda del ajuste de gastos. El gobierno ha redurrido a una tercera variante, más “heterodoxa”: taponar las importaciones. La exigencia de declaraciones juradas para las importaciones ha permitido mejorar el saldo del comercio exterior, cuidando los dólares de la soja. La balanza comercial sumó entre enero y abril un saldo de u$s3.978 millones, 30% más que en el primer cuatrimestre de 2011. Aunque sería muy osado extrapolar el resultado de este bimestre hacia todo el año, y proyectar un superávit por arriba de los u$s 10 mil millones, lo cierto es que ha cambio de panorama que había abierto del déficit con el que finalizó 2011. Sin embargo, los apuros en el frente del dólar no parecen solucionados, si juzgamos por la profundización del torniquete a la compra de dólares, y la exigencia a los exportadores de que liquiden divisas en menos tiempo. Pero aún en caso de éxito, el precio es lo que esto podría estar causando en la actividad económica.

Por muy “heterodoxa” que sea esta medida, no deja de ser una variante de política económica recesiva. Los capitales que producen en el país, lo hacen adquiriendo abundantes insumos y equipos en el exterior. Hasta ahora se registraron importantes demoras en la importación de bienes de capital el sector autopartista, componentes electrónicos y bombas, aunque algunas de ellas se destrabaron pasado cierto tiempo. Además del efecto directo sobre la producción que tiene la imposibilidad de traer insumos y equipos foráneos, esta política tiene como efecto poner en duda inversiones, muchas de las cuales dependen de importaciones en gran escala. Para sectores que sólo pueden seguir creciendo con nuevas inversiones las perspectivas se hacen más difíciles.

Este nuevo sesgo recesivo de al menos un aspecto de la política económica, se sumó el menor crecimiento de Brasil, para marcar un fuerte freno al crecimiento de la economía. La industria marcó un crecimiento del 2,6% en el primer trimestre del año frente a igual período de 2011, pero dentro de ella, la industria automotriz tuvo una caída de 4%. También el sector metalmecánico, la industria textil y los sectores de edición e impresión se muestran en caída. Otros sectores muestran aún algo de crecimiento, pero muy debilitado.

La depreciación creciente de la moneda en Brasil podría generar mayores complicaciones. Hasta ahora, el real apreciado fue lo que hizo soportable para el capital local el avance inflacionario. La inflación no sólo eleva los costos. Como el la cotización del dólar el pesos viene moviéndose poco, el aumento acumulado de precios se tradujo en una revalorización del peso en relación al dólar (un dólar tiene mucho menos poder de compra en el país hoy que hace 8 años). Esto significa que el margen de competitividad de los capitales locales se ha ido restringiendo cada año. Esta restricción por el lado de la competitividad hace cada vez más complicado trasladar a los precios los aumentos de costos, lo que hemos definido como una contradicción creciente entre rentabilidad y competitividad. Contradicción que si se mantiene la depreciación del real se irá haciendo más aguda.

Combatiento (junto) al capital

Esta contradicción entre rentabilidad y competitividad explica la triste parábola de los economistas “críticos” que ingresaron al gobierno para “profundizar el modelo”, con el mal timing de hacerlo en tiempos de “sintonía fina”. Como es en la rentabilidad del capital, y su acumulación, donde se ve el talón de aquiles profundo del “modelo”, quienes se presentan como disciplinadores del empresariado, podrían tener que transformarse en defensores de sus márgenes de rentabilidad contra quienes los amenazan, léase los asalariados. Como señala Ámbito, el viceministro de Economía, a quien varios llegaron a llamar Robespierre, aparece como “casi la única alternativa posible para terminar de frenar las embestidas de los sindicatos en las paritarias 2012, e intentar sostener la meta de aumentos salariales del 20%”. Que esto no es pura especulación, lo cuenta un sindicalista citado por el mismo diario, que cuenta que “apareció un pibe sin corbata, con dos aritos, uno en la ceja, y me dijo que el aumento para mi sector tenía que ser de no más del 20%”.

No hay, entonces, capitalismo “al 49%” ni ninguna otra tangente en la cual se pueda preservar las relaciones de producción capitalistas, y a la vez sobreponerse a sus contradicciones mediante la regulación del Estado. Si en tiempos de vacas gordas esta cuadratura del círculo parecería posible, vemos en tiempos menos benignos cómo quienes intententaron esta alquimia pasan sin proponérselo de economistas “críticos” a mandantes del capital.
Frente a estas alternativas de hierro del capital, ya sean ortodoxas o heterodoxas, es necesario fortalecer una alternativa obrera y socialista, que tome como punto de partida liquidar las relaciones de producción capitalistas, “expropiar a los expropiadores” burgueses, y reoganizar sobre nuevas bases el conjunto de la producción social, tomando como base no la ganancia sino las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre.

PROVINCIAS EN CRISIS FISCAL . La tercerización del ajuste

 Originalmente publicado en La Verdad Obrera Nº 474  

El gobierno nacional frenó por el momento el capítulo de “sintonía fina” concentrado en el ajuste fiscal, pero no ocurre lo mismo en las provincias. Santa Cruz anunció la semana pasada que pagaría los salarios que alcancen hasta los $ 9.000, es decir el “61% de los trabajadores”, y el resto se pagará en función de los ingresos. Mientras tanto, son varias las provincias que comenzaron a cancelar contratos con proveedores en cuotas, y en algunos casos emitiendo bonos. También quedaron numerosas obras públicas abandonadas a mitad de camino por los recortes.

La fragilidad fiscal de las provincias es de carácter estructural, y sus raíces se encuentran en las reformas del Estado de los ‘90, que provincializaron la salud y la educación. Por eso la brecha entre la recaudación directa de las provincias y sus gastos no paró de aumentar, y las volvió cada vez más dependientes de la coparticipación. En algunas provincias más del 80% de sus gastos se afronta con fondos coparticipados; en Buenos Aires la coparticipación equivale al 44% de los gastos.

Si por un lado el Estado Nacional se desentendió en los ‘90 de estos gastos que transfirió a las provincias, por otro lado logró una fuerte concentración de recursos tributarios. Entre otras cosas, las provincias cedieron recursos de coparticipación para sostener a ANSES. Producto de esto, el Estado Nacional hoy retiene el 75% de los fondos recaudados de impuestos coparticipables. A esto se suman el impuesto al cheque y las retenciones, ambos excluidos de la coparticipación (con excepción de un 30% de lo recaudado por retenciones a la soja, que desde el conflicto de 2008 por la resolución 125 se reparte entre las provincias a través del Fondo Federal Solidario).

El resultado es que el desempeño de las provincias, y por extensión el de los municipios, está condicionado a los fondos que la nación gire discrecionalmente, como aportes del tesoro nacional. Esta ha sido una herramienta fundamental del “bonapartismo de caja”, que el gobierno nacional puede manejar ampliamente. Pero con el adelgazamiento de la recaudación, estos fondos ya no aumentan como lo hacían, ni siquiera para los gobernadores más cercanos al oficialismo.

Según varias estimaciones, las provincias necesitan financiamiento por $30.000 millones, 30% más que el año pasado. Mientras con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central el gobierno nacional amplió los medios que le permiten financiarse, las provincias no tienen esa posibilidad. Están por lo tanto forzadas a tomar deuda, aumentar los impuestos o crear nuevos tributos. Para la primera alternativa, enfrentan hoy un costo de endeudamiento que supera los ya elevados niveles de 2011. Y de los tributos que recaudan, los ingresos se vienen deteriorando, producto de los signos de desaceleración de la actividad económica que pueden verse en muchos sectores. En el primer bimestre, la recaudación propia creció 28,6%, cuando el año anterior aumentó 39%. Si calculamos una inflación de 23% o 24%, casi no aumentó en términos reales. Lo mismo la coparticipación: en el primer trimestre aumentó 28%, contra 38% en 2011.

El ajuste que los defensores del “modelo” niegan, corre por cuenta de las provincias. Como ocurrió en los ‘90, es allí donde empiezan a mostrarse las estrecheces que trae el deterioro de la situación. Es necesario rechazar el intento de descargar el peso de esta crisis sobre los trabajadores estatales, y pelear por que sean los impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y el no pago de la deuda provincial los que carguen su costo.