La extensión de las asignaciones familiares significa la absorción de otros planes por más de $5.000 millones (m). Se podría decir que ordena “la caja” fiscal para negociar la deuda: miles de millones de pesos pasan a la cuenta de ANSES, y el tesoro libera recursos para contener el déficit fiscal creciente y dar señales a los “mercados” de que podrá pagar. El gobierno sigue adornando los números para los acreedores: en 2008 liquidó las parasitarias AFJPs, pero para transformar en superávit del tesoro el de ANSES y venderle bonos al organismo para seguir pagando la deuda y subsidiar a los capitalistas. Ahora, el anuncio del subsidio universal tiene en su letra chica un guiño a los bonistas.
Además de los aportes patronales y contribuciones que recauda por cada trabajador registrado (siempre y cuando los “Don Carlos” no usen esa plata para financiar sus empresas) ANSES recibe fondos por la recaudación de distintos impuestos (IVA, Cheque, Ganancias), que surgen de una deducción del 15% a la coparticipación que reciben las provincias, arreglo que se mantiene desde los '90 cuando la creación de las AFJP desfinanció el sistema. De esa masa de recursos, el organismo ahorra hoy una parte luego de pagar haberes y asignaciones. Este ahorro pasa a engrosar el stock de recursos que se reservan para hacer frente a futuros aumentos en los haberes y al crecimiento en el número de jubilados. Ese stock es el que el gobierno ha venido succionando a cambio de títulos de deuda.
Ahora, con los rendimientos de ese stock (los intereses de préstamos y utilidades de tenencias accionarias) se financiará la extensión de las asignaciones por hijo. Pero como las utilidades esperadas para 2010 ($8.500 m) son menores a los 10.000 m del plan (que algunas estimaciones dicen que en realidad podrían llegar a 13.000 m), éstas no alcanzarían para sostenerlo. Entonces, o se crea nueva deuda, o se usa una parte del stock que hoy ronda los $100.000, que entonces ya empezaría a reducirse. Los 5.000 m que se ahorra el fisco o más, es lo que habría que usar anualmente del Fondo de Garantía. Y eso sin contar que los rendimientos supuestamente se acumularían para afrontar futuros aumentos en las erogaciones en vez de gastarse.
Algunos escribas a sueldo del gobierno han salido a criticar los planteos de que se está usando “la plata de los jubilados” para extender las asignaciones por hijo. Argumentan que esa plata no es de los jubilados, ya que el sistema de reparto corta con la dependencia de los aportes individuales para sostener los pagos futuros de la jubilación, y reivindican el supuesto plan global del gobierno para mejorar la situación de los sectores más vulnerables.
Es cierto: los aportes de hoy no son de cada futuro jubilado. Pero es falaz plantear que hay una política global para mejorar las condiciones de los pobres. Por el contrario, lo que trata el gobierno es de contener a la población más pobre con unos pocos pesos, para evitar una extensión de reclamos que confluyan con los de los trabajadores ocupados con miras más ambiciosas que apenas sobrevivir, como acabar de raíz con las condiciones de miseria exigiendo salarios que alcancen como mínimo la canasta familiar y trabajo para todos. Mientras lo hace, reconoce y legitima el trabajo en negro y los bajos salarios. Y de paso libera plata para los acreedores.
Podría argumentarse que como se trata de una asignación vinculada a la seguridad social, es lógico que la nueva asignación caiga en la órbita de ANSES. También, que al tratarse de un sistema de reparto, el Estado está obligado a sostener todas las erogaciones más allá de la solvencia del sistema. Respecto a éste segundo planteo, hemos visto muchas veces cómo el Estado pagó jubilaciones miserables con tal de no poner para ANSES ni un peso que tenga otra asignación presupuestaria para. Puede ser muy lógico que por las características de esta asignación caiga en la órbita de ANSES, pero también lo sería que se incrementaran los recursos en forma equivalente. Pero no es el caso sino todo lo contrario, y mientras promociona el plan, Boudou dice sin sonrojarse que sería recesivo aplicar nuevos impuestos para justificar que el capital financiero siga sin pagar nada por especular a piacere.
Por lo demás, el gobierno sigue rechazando implementar el 82% móvil y mantiene aumentos discrecionales a las jubilaciones (hoy con una mínima de $827). El ministro Boudou, que hoy califica este proyecto de “revolucionario”, cuando estaba a cargo de ANSES sostuvo que los recursos “no alcanzan para dar un aumento a los jubilados” (20/05/09). Parece que cuando se trata de liberar al fisco, se pone más generoso.
La extensión de las asignación es parte de la orientación pro mercados encarada por el gobierno para afrontar el déficit. Ninguna respuesta seria a la pobreza puede venir de las migajas del gobierno K. Es necesaria la mayor unidad de ocupados, precarios y desocupados para pelear por un inmediato seguro de desempleo acorde a la canasta familiar, el reparto de las horas de trabajo entre todos, y garantizar el 82% móvil a todos los jubilados, sobre la base del no pago de la deuda, nacionalización de la banca, y los impuestos a las grandes fortunas.
