Por si quedaban dudas, a estas alturas podemos decir que Cristina
Fernández ya eligió. Terminará su mandato cubriendo sus necesidades
financieras de la mano del gigante asiático. O al menos va a intentarlo.
En esa clave fue unánimemente leídas por diversos analistas la votación
de apuro llevada a cabo en el Senado en diciembre del acuerdo marco con
China, que en medio de la crisis desatada por la muerte del fiscal
Alberto Nisman no pudo tratarse en diputados antes del viaje de la
Presidenta iniciado el sábado. La cosa venía desde principios de 2014,
pero adquirió prioridad desde que la decisión de la Corte Suprema de los
EE.UU. Rechazó tomar la apelación de la Argentina al fallo del juez
neoyorquino Thomas Griesa que obligaba a pagar a los “buitres” que
rechazaban quita sobre su deuda el 100% de lo que reclamaban. La
confirmación de ese fallo significó un traspié para el objetivo que se
había trazado el gobierno argentino hace poco más de un año, después de
acelerar la devaluación del peso (que sólo en enero de 2014 cayó 23%
frente al dólar). Para este fin el gobierno acordó pagar generosamente a
Repsol por la expropiación de su tenencia en YPF S.A., y pactó con el
Club de París para regularizar la deuda en default. Iniciativas
amigables hacia los mercados que se vieron frustradas por la disputa con
los buitres.
