El director de la
Biblioteca Nacional e integrante de Carta Abierta Horacio Gonzalez,
ha salido a manifestar su “dolor de funcionario” ante el crimen
social de Once. Pero este dolor que nos presenta es un lamento ante
los “anatemas ya fabricados” que estarían en el corazón de la
“idea de una culpabilidad del Estado”. Aunque reconoce que esta
idea “no carece de fundamentos”, afirma sin embargo que situar al
Estado en un “estado permanente de Culpa” constituye un “esquema”
que “merece mayores cuidados y templanzas”.
Gonzalez nos quiere
llevar por el terreno de las disquisiciones respecto de las teorías
que defienden la razón de Estado como fundamento para las sospechas
que se ciernen hoy sobre él. Como sí siguieramos inmersos en el
clima noventista donde el Estado se encontraba bajo sospecha
permanente, el “Estado de Culpa” poco y nada parece tener que ver
con los contornos que adquirió el accionar público durante este
período.
Pero, mal que le pese a
Gonzalez, el crimen social de Once enjuicia el accionar del Estado
luego de un largo período en el que el kirchnerismo declamó como un
aspecto positivo su presencia en asuntos vitales para los sectores
populares. Si los '90 quedaron signados como un período de retiro
del Estado y la debacle de la convertibilidad en 2001 hizo caer en el
desprestigio todas las políticas neoliberales de desregulación,
entre ellas especialmente las privatizaciones, desde el primar día
del gobierno de Nestor Kirchner éste proclamo el fin de este
supuesto abadono del Estado y la restitución de su intervención en
defensa del interés general (en realidad, de ningún modo se había
retirado, ya que la desregulación requirió una intensa
re-regulación y metódicos ataques coordinados entre Estado y
patronales para barrer numerosas conquistas, con el acompañamiento
de la burocracia sindical).
La responsabilidad de los
funcionarios del Estado está en el centro del crimen de Once, no
solamente por la torpeza y el desprecio que mostraron ante los 52
muertos, los heridos y sus familias los responsables más inmediatos
de lo ocurrido, como Shiavi retando a los pasajeros, o los menos
inmediatos, incluyendo a la presidenta que señalo en el aniversario
de la tragedia que les esperaba a los familiares una espera de 35
años para ver justicia. Fundamentalmente, su responsabilidad remite
al hecho es un resultado largamente anunciado por la política
aplicada por el Estado para emparchar, sin revertir, la situación de
descalabro a la que había llegado el sistema en manos privadas. Al
mismo tiempo que el gobierno kirchnerista proclamaba la reversión de
lo más nefasto del neoliberalismo, en el sistema ferroviario dejaba
incambiadas las condiciones establecidas por las privatizaciones
durante los años '90, sin afectar el marco regulatorio ni las
(ir)responsabilidades de los concesionarios privados. La
“intervención” no fue más lejos que la decisión de abrir el
grifo de los subsidios estatales, que ahora eran posibles gracias al
superávit que logró el Estado nacional en 2002, a fuerza de ajuste,
default momentáneo y retenciones a las exportaciones.
Como decimos en otro
post,
“todo el intervencionismo de la economía política K consistió en
poner topes tarifarios, y dejar en manos privadas la búsqueda de los
modos de arreglárselas con esos topes para manejar el negocio [Topes
que, en el caso ferroviario, estuvieron generosamente compensados con
los más $ 3 mil millones en subsidios entregados desde 2003 a los
Cirigliano]. Y bueno -continuaba nuestro post- un capitalista casi
siempre encuentra la manera de ganar dinero (no siempre, por eso las
compañías eléctricas están al borde de la quiebra), sólo que eso
no garantiza que los servicios a cargo del capital se puedan sostener
en el tiempo. Más bien, en la generalidad de los casos asegura lo
contrario”. Esta particular combinación de “presencia del Estado
[sí, burgués] + el mercado” es lo que en Once mostró
consecuencias catastróficas. No estamos ante un “Estado de Culpa”
vinculado al distanciamiento de los funcionarios del dolor (al que
Gonzalez reconoce con un gesto generoso que “en sí mismo nunca se
equivoca”...) sino a un resultado criminal de una maquinaria que se
pretendió virtuosamente recompuesta a fuerza de billetazos que sólo
apuntaban a tapar los problemas llenando los bolsillos de empresarios
que son insospechables de poseer algun animal spirit. Si en otros
servicios públicos, así como en el sector energético o los
combustibles las implicancias son en principio menos dramáticas, se
puede sin embargo ver el mismo modus operandus el Estado hizo
la vista gorda ante la evidente desinversión, mientras proveyó
fondos para garantizar la rentabilidad. Es decir, una rentabilidad
lograda a condición de no invertir, con el aval del Estado.
Después de Once, la idea
de que el kircherismo representa una ruptura de paradigmas respecto
de las políticas '90, que nos habría encaminado hacia cambios
estructurales, se desnudó como una impostura. Impostura cuyas
víctimas, desnudando la profunda continuidad antiobrera y
antipopular en varias políticas de Estado (y recordándonos que el
cáracter de clase del Estado y sus políticas en ningún modo es un
dato redundante como
consideran ciertos exponentes de alguna “nueva” izquierda),
están enteramente entre los trabajadores y sectores populares.
Llegando al cierre de su texto, Gonzalez nos señala que debemos
considerar al Estado como un ámbito “de escucha de las víctimas”.
Aunque con esto intenta, como ya ha hecho en otras ocasiones, también
llamar la atención del gobierno sobre algunos de sus puntos débiles,
la manera en la que intenta hacerlo y a la vez reconciliar a la
víctimas, lo muestra en una situación aún más patética que en
ocasiones anteriores (que hemos discutido aquí
y aquí) Si
algo evidencia el crimen social de Once, y las lamentables posturas
de funcionarios y simpatizantes políticos del gobierno nacional a un
año de ocurrido es que, lejos de andar esperando que este gobierno y
su Estado presten escucha a las “víctimas” que produce la acción
concertada de capitales privados e intervención pública (sin las
cuales el sistema capitalista no podría reproducirse, por eso Marx
definía al Estado como una junta que administra los negocios comunes
de la clase burguesa) es desarrollar una alternativa política
independiente para reorganizar la sociedad sobre nuevas bases,
expropiando a los expropiadores capitalistas.
