El balance de fin de año,
por si quedaba alguna duda, nos está mostrando que este fue el año
del ajuste “para todos y todas”. Este ajuste involucró medidas
de distinto tenor, desde el tapón a las importaciones y el cepo a la
compra de dólares, hasta la quietud del mínimo no imponible de
ganancia y la eliminación de las asignaciones familiares para los
grupos familiares en los que alguno de los cónyuges supere los 7000
pesos, pasando por los ajutes de tarifas y transporte, el último
anunciado 19D mientras el sindicalismo opositor marchaba a plaza de
mayo.
Los hacedores de discurso
cristinista vienen hace un tiempo contraponiendo entre los estratos
de asalariados supuestamente privilegiados, que por sus propias
mejoras se habrían vuelto crecientemente reacios a cargar con costos
de una intervención del Estado de carácter “progresista” aunque
se beneficiaron (siempre según este relato) de políticas favorables
al empleo y los ingresos asalariados de este gobierno, y los estratos
más pobres y precarios que serían aquellos en los cuáles la
intervención estatal se concentraría de manera privilegiada. De
esta forma, se buscó colocar el creciente descontento obrero en la
vereda de “enfrente”, de los que no quieren poner el hombro para
sostener el “modelo de crecimiento con inclusión”, como ha dado
en llamar a su política el kirchnerismo.
Hace tiempo que este
discurso hace agua entre los trabajadores con empleo registrado, y
contribuye a acrecentar el descontento. Algo lógico por los propios
números: como plantea esta
nota, hoy “pagan ganancias los trabajadores que cobran de
bolsillo más de $5782 mensuales si son solteros sin hijos, y más de
$7998 si son casados con dos hijos. Son trabajadores cuyos salarios
están muy cerca de los $7000 de la canasta familiar que necesita una
familia para vivir con lo justo”. Por supuesto, se trata de
“privilegiados si consideramos que según la EPH el 90% de los
asalariados gana menos de $5460 y el 70%, menos de $3513. En la
Argentina K se ha vuelto un “privilegio” ganar un salario que se
acerca a la canasta familiar, privilegio que amerita ser gravado con
el mismo impuesto que grava (poco, muy poco) la ganancia de los
patrones. Y con la no movilidad del mínimo no imponible, un salario
que a causa de la inflación se las ve cada vez en mayores problemas
para cubrir el consumo necesario, afronta sin embargo una carga
impositiva cada vez mayor. Esto se llama ajuste, soportado, como
ocurre con todos los gobiernos, por una parte de los trabajadores, a
la que se quiere poner el mote de “privilegiados”.
Pero los hechos de estos
días muestran que el discurso también hace agua por el lado de los
supuestos destinatarios principales de los favores oficiales, es
decir los sectores más pobres. Por supuesto, como no podía ser de
otra forma, el gobierno trata de tapar esto haciendo responsables, en
esta oportunidad, a Moyano y Micheli, poniendo en duda el carácter
espontáneo. Carta Abierta, ha señalado que estos hechos
“nos alertan acerca de la existencia de una ofensiva
desestabilizadora”. Y el bloguero K Lucas Carrasco ha planteado que
"Los
sectores populares no son tan boludos como para caer en celadas
oscuras en momentos donde el gobierno nacional pulsea con los
saqueadores de guante blanco en la Sociedad Rural..." (con buen
tino, el bloguero P Abel Fernandez le ha señalado que “los únicos sectores populares a los que eso les importa en serio son
los que viven en Palermo”).
Pero
sólo en el mundo de las estadísticas oficiales faltarían motivos a
los sectores populares para hacer reclamos por hambre. Sin una
situación que tenga nada que ver con la emergencia social del 2001,
una inflación que no baja del 25% anual viene golpeando duramente
sobre los ingresos obreros. Los sectores más duramente golpeados son
los de los ingresos más bajos. Mientras que el sector privado
registrado realiza anualmente negociaciones paritarias en las que el
resultado puede significar empatarle, ganar por poco o perder
ligeramente frente a la inflación, en el caso de los trabajadores no
registrados no hay nada por el estilo. La patronal cuenta con mayor
poder para imponer condiciones y negar aumentos, o concederlos de
forma mucho más módica. Como desde 2007 el crecimiento del empleo
viene frenándose, y se paró completamente la tendencia a que se
recuperara el empleo registrado en la proporción del empleo total,
es un sector cada vez mayor de la clase trabajadora el que se ve
afectado por estas condiciones. A esto se agrega que el último año
se frenó un sector clave como la construcción, tanto para obra
pública como en el sector privado. Algunos cálculos hablan de una
destrucción de 40 mil puestos de trabajo durante el último año,
pocos bajan de 25 mil en los cálculos más optimistas. La AUH, tan
reivindicada por los sectores “progres K”, poco puede compensar
este creciente deterioro.
Como
decíamos al principio, el ajuste llega a todos los sectores de la
clase trabajadora. Si para los estratos medios/altos llega por la vía
del Estado (eliminación de asignaciones, no ajuste del mínimo no
imponible, el tarifazo de los servicios y del transporte), para los
sectores más bajos llega por el lado del endurecimiento de las
condiciones de ingresos, a la par que son los sectores más expuestos
al aumento del costo de vida en el que los alimentos son uno de los
rubros que más velozmente aumentan.
Pueden
sorprender poco, entonces, los sucesos de estas horas. El ajuste,
aunque se pretenda moderado (y “heterodoxo”) resulta
especialmente duro en los eslabones más débiles. Las pretensiones
de colocar de la vereda de los privilegiados a los sectores obreros y
populares que expresan descontento resultan cada vez menos creíbles.
También pierde verosimilitud el intento de orderar el escenario
político en los “clivajes” del gobierno vs corpos y la derecha,
cuando la orientación profundamente antiobrera queda cada vez más
en evidencia.
