EL PROGRESISMO OFICIALISTA Y OPOSITOR FRENTE A LA DEUDA

Gestos amistosos al capital financiero
Esteban Mercatante y Pablo Anino
El gobierno reivindica el pago de deuda con reservas porque libera partidas del presupuesto. Gracias a esto y a la mayor recaudación por la recuperación económica y el “impuesto inflacionario” (al subir los precios sube la base de la recaudación), este año no está descartado cierto superávit.
El uso de reservas se presenta como parte de la estrategia de “desendeudamiento”. Periodistas oficialistas afirman que “responde a reclamos tradicionales contra el pago de la deuda con ajuste fiscal y contra un mayor endeudamiento” (Zaiat, Página/12, 13/03/10).
Resultado primario y resultado financiero
Los resultados “virtuosos” que habrían permitido que pagar la deuda “no tuviera efectos contractivos y recesivos” (Zaiat, op. cit.) se deben a la ficción de mirar el resultado fiscal “primario”. Es decir, el resultado antes del pago de intereses de deuda. Esto puede ser engañoso. Por ejemplo, en 2009 un superávit de $17.272 millones (equivalente al 1,53% del PBI) resulta en un déficit de $7.131 millones luego del pago de intereses. En años previos el pago de intereses reducía el superávit, pero el año pasado lo transformó en déficit. La diferencia se salda con más deuda. Producto de la separación entre superávit primario y resultado financiero, esto no se computa como déficit.
Otros maquillajes
El costo de la deuda desde el canje de 2005 ha quedado ligeramente disimulado porque el gobierno sigue mostrando superávit, pero en base a cada vez más maniobras contables.
En 2007, el superávit primario de 3,2% hubiera sido del 2,2% si no fuera por los ingresos extraordinarios producto de la opción de muchos aportantes, reforma mediante, de pasar de las AFJPs a la ANSES, cuyo superávit los K computan en el resultado fiscal general. El superávit financiero hubiese sido casi nulo sin esos fondos.
El aporte de ANSES es más significativo en 2008 a partir de la renacionalización de las AFJPs. Sus recursos aportaron para llegar a un superávit de $14.633 millones luego del pago de intereses, cuando el fisco sólo alcanzó $6.114 millones. La liquidación de las AFJPs no garantizó el 82% móvil sino fondos a discreción del kirchnerismo.
2009 fue más complicado: se sumó a los recursos del tesoro ganancias de la ANSES, utilidades del Banco Central, y u$s2.500 millones que aportó el Fondo Monetario Internacional por Derechos Especiales de Giro (DEG), su “moneda”. Un total de $22.100 millones, sin los cuales el déficit primario habría sido de $4.800 millones y luego del pago de intereses habrían pasado a $29.200 millones.
Todo el maquillaje no cambia que, a pesar de que el ciclo de los Kirchner pasará a la historia como una época de pagos generosos a los acreedores (45 mil millones de dólares de 2003 hasta hoy), haya aumentado la deuda. Desde 2005 aumentó en u$s20 mil millones, a u$s174 mil millones (sumando los bonos en default). Sólo en el último trimestre de 2009 aumentó u$s 5.454.
“Dime para quién gastas…”
Los “progres” consideran todo gasto como una intervención positiva del Estado, aún después de haber presenciado cómo los Estados en EE.UU., y en otros lados, comprometieron su solvencia (y hoy están en riesgo de default) con el único objetivo de salvar a banqueros, que usaron esos fondos para volver a las especulaciones.
Además de la deuda, el aumento del gasto en Argentina tuvo entre sus principales factores las transferencias a los capitalistas que en muchos casos no tienen otro fin que garantizar ganancias a las empresas, como condición para que no aumenten aún más los precios o sigan prestando servicios. Si directamente se hubiera planteado la renacionalización de los servicios públicos y de las empresas que chantajean con la suba de precios, bajo control de los trabajadores, se podrían haber ahorrado 35 mil millones de pesos en 2009 (45 mil este año). Un monto similar se va en el pago de capital e intereses de deuda.
Lo que los K presentan como medidas redistributivas, la extensión de la jubilación, la asignaciones por hijo y el Plan Argentina Trabaja, implican sumas irrisorias en relación a lo que hoy se necesita para cubrir la canasta básica ($3.800, el doble del salario promedio, y años luz de lo que cobran los sectores más precarios), y todo se financia con una estructura de recaudación basada en impuestos al consumo y retenciones al salario, donde están exentas las rentas financieras, y las tasas de aportes patronales (21%) y los impuestos a los bienes personales (1,25% es el máximo) tienen niveles ridículos, mientras que el impuesto a las ganancias tiene más agujeros -por deducciones- que un colador.
No pagando la deuda, dejando de subsidiar la ganancia -nacionalizando las empresas de servicios públicos y otras estratégicas bajo control obrero-, con la apropiación íntegra de la renta agraria (y no de una pequeña parte con retenciones) y aumentando los impuestos a las grandes fortunas podría garantizarse tranquilamente el 82% móvil a todos los jubilados y trabajo para todos con un salario acorde a la canasta familiar, mediante planes de obras, en el camino de garantizar la escala móvil del salario y el reparto de las horas de trabajo. Estas son medidas elementales de un programa de la clase trabajadora frente a la crisis.
Cuestiones de formas
Aunque el gobierno continúa el giro a los “mercados” buscando avanzar con el canje, los PáginaK pretenden que con la designación de Marcó del Pont surgió desconfianza en el “establishment” (Página/12, 14/03/2010). La verdad es que la reapertura del canje, con apoyo explícito de Hillary Clinton, se haría con los principales bancos internacionales en función de conseguir nuevo endeudamiento. Todos los banqueros defienden el uso de reservas para garantizar la deuda. Los “mercados” celebran por adelantado el canje, porque “los inversores que aún tienen deuda en default compraron los títulos a precios mucho menores que los actuales” (El Cronista, 17/03/2010). Gracias a esto, los bancos locales mostraron ganancias fabulosas en 2009.
Solanas: ¿El camino de Ecuador?
Proyecto Sur reivindica a Correa de Ecuador, que supuestamente cuestionó la legitimidad de la deuda. Lo paradójico, es que Correa hizo casi lo mismo que Kirchner en 2005, lograr una quita de deuda. Los progres K tienen razón en que “el recorrido ecuatoriano fue realizado sobre la huella argentina, incluso en una magnitud y profundidad menor, lo que se presenta como un sinsentido plantearlo en sentido inverso” (Zaiat, op. cit.), aunque de esto no se deduce que haya que seguir pagando sin chistar.
Solanas propone analizar la legitimidad de la deuda con una Comisión Bicameral, poniendo esperanzas en un parlamento donde la mayoría se compone por radicales que hicieron el mecacanje, el PJ disidente, el Pro y los propios K. Podemos imaginarnos lo que dirán sobre la legitimidad de la deuda.
Como si este planteo fuera mucho, vienen suavizándolo: “Proyecto Sur no plantea un default”, ya que mientras se investiga “es posible realizar ciertos pagos no cuestionados o depositar en el Banco de Basilea como consignación” (http://www.pinoseplanta.com/).
El único planteo sensato es el no pago de toda la deuda. No se puede tener confianza en las alternativas que puedan surgir del gobierno K o el parlamento opositor; sólo de la mano de la clase trabajadora, con un programa independiente de lucha contra el imperialismo y sus socios burgueses locales, puede avanzarse en este sentido.

“Bonapartismo fiscal” en el medio de la crisis política

El malabarismo que el gobierno viene haciendo, primero con el Fondo del Bicentenario, luego con el Fondo del Desendeudamiento, y ahora, debiendo someter el pago de deuda con reservas a un proyecto de ley, responde a una nueva realidad de mayores complicaciones en el frente fiscal.
La holgura de ingresos que le permitió al gobierno contar con abultadísimos sobrantes de recaudación para ejercer una suerte de “bonapartismo fiscal” en la relación política con intendentes bonaerenses y gobernadores durante todos estos años ya no existe más. Incluso muchas provincias tienen rojo fiscal y de no recibir recursos del Estado Nacional amenazan, como en el caso de Corrientes, con emitir cuasimonedas.
Redistribuyendo para los capitalistas
Mientras la recaudación en términos reales (descontando el efecto de la inflación), está casi estancada desde finales de 2008 (o sea que crece, pero lo mismo o apenas un poco más que la inflación), el gasto público mantuvo un crecimiento por encima de la recaudación. ¿Se puede decir que el aumento del gasto responde a la redistribución del ingreso? Difícilmente. Un cuarto de los gastos del Estado Nacional se destinan a los intereses de la deuda y a subsidios a los capitalistas. Si a esto se suma el pago de capital de la deuda el porcentaje supera el 40% del total del presupuesto.
Estas son las partidas que más crecieron en los últimos años. Los pagos de intereses y capital de la deuda aumentaron significativamente a partir de 2006 de acuerdo a lo pactado por Néstor Kirchner y Lavagna en la renegociación de 2005. Los intereses de la deuda pasaron de $17.000 millones en 2007 a $27.000 millones para este año. Y no solo eso, porque si se consideran los pagos de capital, que en muchas ocasiones pueden ser renegociados, las cifras se elevan mucho más. Por ejemplo, en 2009 la suma de intereses y capital llego a casi $40 mil millones. A pesar de ser el gobierno que más deuda pago, el “desendeudamiento” pregonado es puro verso, la deuda se viene incrementando desde el canje de 2005 y volverá a pegar un salto de concretarse el nuevo canje a los holdouts. El gobierno se “desendeudó” pagando puntualmente una deuda usuraria, que para los voceros del establishment habría que refinanciar alimentando el ciclo de los intereses, y que en realidad lo único que corresponde es no pagar en su totalidad. A excepción del pago a los jubilados y Pami que se solventa con el aporte sacado del sueldo de los trabajadores, la deuda supera cualquier otra partida en el presupuesto, especialmente las dedicadas a “gasto social”. Veamos algunos ejemplos: la universalización de las asignaciones familiares representa $7.300 millones, a la educación se destinan apenas $19.000 millones y a la salud $10.000 millones en todo el año!
Otra gran parte del aumento del gasto se explica por los crecientes subsidios a los capitalistas. De esta forma se benefician principalmente los empresarios del transporte, entre ellos Roggio, que a pesar de las pésimas condiciones en que se viaja en trenes, subtes y colectivos se llevarán $20 mil millones durante 2010. Además, unos $15 mil millones se irán en subsidios a las empresas de combustibles, energía y minería. Y los “repudiados” empresarios del agro se llevarán otros $5 mil millones. A pesar de todos estos beneficios solventando desde el Estado la ganancia, el gobierno no logró contener la insaciabilidad de los empresarios que igual aumentan los precios de los alimentos y los combustibles. El total de estas trasferencias crecieron de forma desorbitada: pasaron de $5.000 millones en 2006, a $10.000 millones en 2007. En 2008 fueron de $32.000 millones, y en 2009 de $35.000 millones. Este año están presupuestados $45.000 millones ¡Un crecimiento del 900% desde 2006! Aunque el gobierno quiere presentar esto como una política de mantener baratos los servicios públicos para los trabajadores en contra de la oposición que plantea el ajuste tarifario, la verdad es que los subsidios se los embolsan los empresarios y son una forma de abaratar la fuerza de trabajo y de hecho significa un subsidio a la ganancia capitalista. Muy por el contrario al aumento de tarifas, la única solución verdadera para garantizar servicios públicos baratos, o incluso gratuitos, para el pueblo pobre es la estatización del transporte, de las empresas de energía, de comunicaciones, y el conjunto de los servicios públicos, bajo gestión de los propios trabajadores, eliminado la ganancia empresaria.
Generoso en gastar para los capitalistas, el kirchnerismo mantuvo limitados los impuestos a las ganancias. Más del 50% de la recaudación proviene de IVA que grava fundamentalmente a los consumos populares y de las contribuciones a la seguridad social que se sustraen del salario! Aunque presentó como una pelea antioligárquica el intento de subir algunos puntos porcentuales las retenciones agropecuarias, descartó restablecer las contribuciones patronales al nivel de 1993 lo cual podría sumar casi $20.000 millones de recaudación o fijar cualquier gravamen a la renta financiera (que podría significar $11 mil millones). Esto obligó al gobierno a financiarse con deuda cara (como la concedida por el gobierno venezolano hasta 2008) o en el limitado mercado local. Pero como fue insuficiente, recurrió a los superávit de organismos como la ANSES, o el PAMI, que fueron fuentes que permitieron al gobierno salir del paso durante el año pasado.
Los problemas fiscales no se deben a que el gobierno busca “primero redistribuir y después crecer” como critican los medios más rabiosamente oligarcas, sino que están ligados a una estructura de gasto fiscal comprometida en sostener la ganancia empresaria y los pagos de la deuda apoyada mayormente en los impuestos al consumo. Una “redistribución”, sí, en beneficio de los capitalistas. El problema no es el gasto sino el saqueo nacional llevado adelante por el capital imperialista en asociación con los capitalistas locales.
Al gobierno se le hace cada vez más difícil seguir combinando su ortodoxia al momento de honrar las deudas y de (no) poner impuestos al capital con el andamiaje de subsidios a los capitalistas destinado a disimular los aumentos de precios (buscando sostener lo más posible la “ilusión INDEC” para limitar las pretensiones salariales), y el resto de las medidas de “bonapartismo fiscal”.
El agotamiento del “bonapartismo fiscal”
La situación de crecimiento más acelerado de los gastos en relación a los ingresos fiscales plantea a la burguesía una clara perspectiva de ajuste fiscal contra los trabajadores, pero la disputa se encuentra alrededor de los tiempos para ejecutarlo. Es que la recaudación en febrero proyectada podría llegar ajustadamente a cubrir todas las erogaciones del año, incluso, los desembolsos como la universalización del fondo a la niñez o el plan argentina trabaja, lanzados posteriormente a la aprobación del presupuesto. Por ahora, el gobierno enfrenta una situación fiscal manejable, pero no contará con los sobrantes generosos que existían cuando el superávit alcanzaba el 4% del PBI y permitía distribuir recursos discrecionalmente. En lo inmediato la oposición apunta a limitar cada vez más el “bonapartismo fiscal” que el gobierno desarrolló todos estos años. En ese sentido va la ley de la oposición para quitarle la administración de una parte de los ingresos del impuesto al cheque mediante mayor coparticipación a las provincias. Sin embargo, la nueva etapa de la crisis internacional con la situación que atraviesan varios países europeos, entre los que se destacan Grecia, España y Portugal, crea una situación de alta inestabilidad que podría echar por tierra todos los pronósticos.
Frente a esta disputa, no hay ninguna alternativa favorable a los trabajadores ni en el gobierno ni en la oposición patronal. Aunque el gobierno evite el ajuste directo, su política de gastos para pagar la deuda y subsidiar a los capitalistas prepara las condiciones para un ajuste futuro, mientras el problema de la inflación que buscan ocultar representa un ajuste cotidiano sobre el poder de compra del salario. Incluso, para los capitalistas exportadores el salario en dólares viene cayendo fuertemente apuntalando sus ganancias. La oposición sólo busca impedir que el gobierno pueda hacerse libremente de los fondos adicionales para seguir gastando, pero comparte el objetivo de pagar la deuda sólo que pretende que el gobierno empiece a tomar al menos alguna medida de ajuste, para aligerar la carga que quedaría para quien gane en 2011.